El ingeniero Miguel Liberato, del Comité Institucional Codiano, cuestionó la gestión del presidente del gremio, George Richardson, en la aplicación de la Ley 16-26, y reclamó transparencia en la veeduría, validación de expedientes y el pago de las deudas pendientes antes de que concluya 2026.
Para cientos de ingenieros, arquitectos y contratistas dominicanos, la espera por el cobro de obras ejecutadas para el Estado se ha prolongado durante años. La Ley 16-26, concebida para encauzar la liquidación de esas obligaciones, generó expectativas de que el problema finalmente encontraría una salida ordenada. Sin embargo, a medida que se acerca el cierre del año, la impaciencia de los acreedores crece y el foco de los reclamos se ha desplazado hacia el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), institución llamada a ejercer la veeduría del cumplimiento de esa legislación.
La voz más reciente en sumarse a esos reclamos es la del ingeniero Miguel Liberato, representante del Comité Institucional Codiano, quien cuestionó públicamente la gestión del presidente del CODIA, George Richardson, al considerar que los compromisos asumidos con los contratistas todavía no se han traducido en resultados concretos.
Promesas de campaña bajo la lupa
Según recordó Liberato, al asumir la presidencia del gremio Richardson se comprometió a convertir la aplicación de la Ley 16-26 en una prioridad, una promesa que despertó expectativas entre los integrantes del comité. Entre los compromisos anunciados figuraba la realización de visitas conjuntas, junto a la directiva del Comité Institucional Codiano, a los titulares de las instituciones que mantienen deudas pendientes, con el propósito de identificar los obstáculos que impiden enviar los expedientes a la Comisión Ejecutora de la Ley.
De acuerdo con el ingeniero, esa parte del compromiso no se ha cumplido como se anunció, ya que el presidente del CODIA se ha reunido con funcionarios de alto nivel, entre ellos el ministro de la Vivienda, sin convocar a los representantes del comité. Para Liberato, la participación de los propios contratistas en esas gestiones no es un detalle menor, sino una condición indispensable para que los afectados puedan dar seguimiento a sus casos y aportar información sobre los expedientes que conocen de primera mano.
Una veeduría que nadie sabe quién ejerce
Otro de los puntos críticos señalados por Liberato es la comunicación entre el gremio y el comité. El ingeniero sostuvo que Richardson había ofrecido establecer un enlace permanente entre ambas partes, pero que ese mecanismo no ha funcionado de manera efectiva, al punto de describir la comunicación actual como precaria.
A ello se suma una inquietud de fondo. Aunque la ley asigna al CODIA la responsabilidad de vigilar su cumplimiento, los miembros del comité aseguran desconocer quién desempeña efectivamente esa función dentro del gremio y qué acciones se han ejecutado hasta la fecha. Esa falta de información, según Liberato, dificulta el seguimiento de los compromisos institucionales y aumenta la incertidumbre de profesionales que llevan años esperando que sus casos sean procesados.
Decenas de expedientes en espera
Mientras persisten estas diferencias, decenas de expedientes continúan pendientes de validación por inconvenientes documentales, trámites administrativos y otros obstáculos que retrasan su remisión a la Comisión Ejecutora. Liberato insistió en que los encuentros con funcionarios y las declaraciones públicas deben estar respaldados por acciones verificables, y lo resumió con una frase contundente: a su juicio, las promesas no validan expedientes ni las fotografías con funcionarios sustituyen la veeduría.
En esa línea, el comité reclama mecanismos de seguimiento que permitan saber con claridad qué documentos han avanzado, cuáles permanecen paralizados y qué medidas se están adoptando para destrabarlos. Se trata, en esencia, de una demanda de transparencia que permita a los acreedores conocer en qué punto se encuentra cada caso.
“Mucha espuma y poco chocolate”
Liberato aclaró que el Comité Institucional Codiano no busca privilegios ni pretende asumir la dirección del CODIA, sino que se cumplan los acuerdos establecidos y que exista coherencia entre lo prometido y lo ejecutado. Para describir su inconformidad con la situación actual, recurrió a una expresión popular, “mucha espuma y poco chocolate”, con la que resumió la distancia que percibe entre los anuncios y los avances reales.
El ingeniero cerró su planteamiento con un mensaje directo: después de tantos años de espera, los contratistas necesitan expedientes validados y deudas pagadas, y aspiran a que el cobro se materialice antes de que finalice el presente año.
Un problema que afecta a todo el sector
Más allá de la controversia gremial, el reclamo pone de relieve un problema estructural que la construcción dominicana arrastra desde hace tiempo: las deudas del Estado con contratistas y profesionales que ejecutaron obras públicas. Para una pequeña o mediana empresa constructora, un pago retenido durante años puede significar la diferencia entre seguir operando o cerrar, ya que afecta su capacidad para cumplir con proveedores, entidades financieras, empleados y obligaciones fiscales, y le resta liquidez para participar en nuevos proyectos.
El impacto se multiplica en un contexto como el actual, en el que el sector enfrenta un aumento de los costos de construcción y un déficit significativo de mano de obra calificada. Las empresas que deberían estar en condiciones de aprovechar el dinamismo de la inversión privada y pública se ven limitadas por recursos inmovilizados en cuentas por cobrar al propio Estado. Resolver estas deudas no es solo una cuestión de justicia para los acreedores, sino también una medida que fortalecería la capacidad productiva del sector y la confianza de los profesionales que contratan con las instituciones públicas.
En ese sentido, la aplicación efectiva de la Ley 16-26 y una veeduría transparente por parte del CODIA tienen implicaciones que trascienden el ámbito gremial. Su éxito o fracaso será una señal sobre la capacidad del Estado para honrar sus compromisos con quienes construyen la infraestructura del país.
InCaribe Media pone sus espacios a disposición del CODIA y de su presidente, George Richardson, para ofrecer su versión sobre los planteamientos expuestos y las gestiones realizadas en el marco de la Ley 16-26.
Joan G. Feliz
Director General y Editorial | InCaribe Media
Especialista en turismo, inversión, construcción y desarrollo de destinos en República Dominicana y el Caribe.
