La propuesta de marco regulatorio, abierta a consulta pública hasta el 30 de octubre, plantea licencias anuales para operadores, cobros según tamaño y potencia de las embarcaciones y una comisión interinstitucional para ordenar la actividad en aguas dominicanas.
El alquiler comercial de motos acuáticas, uno de los servicios más visibles en las playas turísticas dominicanas, podría tener los días contados. Así se desprende del borrador de la Resolución Conjunta Marco Regulatorio del Subsector Turismo Náutico, un documento elaborado por el Ministerio de Turismo (Mitur) que busca poner orden en las actividades recreativas, particulares, comerciales y deportivas que se desarrollan en las aguas jurisdiccionales de República Dominicana, y que se encuentra sometido a consulta pública hasta el próximo 30 de octubre.
Entre todas las disposiciones del texto, la de mayor alcance para el día a día de los destinos de playa es la prohibición expresa de alquilar, con fines comerciales o turísticos, jet skis, wave runners, jetovators, yacht toys, flyboards y cualquier otro equipo de características similares. La medida no alcanzaría el uso privado de estos artefactos, que seguiría rigiéndose por las resoluciones que el Mitur disponga para cada caso, pero sí supondría un cambio de fondo para los pequeños operadores y negocios de playa que han hecho de este servicio una fuente de ingresos en zonas de alta afluencia turística.
Tarifas según tamaño y potencia
El borrador también introduce un esquema de cobros para el registro, la inspección y la emisión de permisos de navegación, cuyos montos se calcularían en función de la eslora de cada embarcación, medida en pies, y de la potencia de sus motores, expresada en caballos de fuerza. A ello se suma una disposición dirigida a las embarcaciones que permanezcan en el país por más de seis meses, las cuales estarían obligadas a registrarse en República Dominicana o a tramitar el permiso de navegación correspondiente.
Para las empresas que ofrecen servicios de turismo náutico entre distintos puntos del territorio dominicano, la propuesta establece la obligación de contar con una licencia anual y renovable expedida por el Mitur. Este requisito abarcaría una amplia gama de actividades que forman parte de la oferta complementaria de los polos turísticos, como las excursiones marítimas, la pesca deportiva, el buceo, el esnórquel, el parasailing, los alquileres y las actividades anfibias. El texto prevé, no obstante, una excepción para los yates con registro extranjero que dispongan de un permiso temporal de navegación, siempre que cumplan las condiciones fijadas en la normativa.
Seguridad, medio ambiente y responsabilidades
Más allá del componente económico, el marco regulatorio incorpora obligaciones orientadas a reducir los riesgos para pasajeros y tripulantes, prevenir la contaminación del medio marino y definir con claridad quién responde por las embarcaciones abandonadas. En este último caso, el propietario tendría que asumir los costos de retiro de la nave, así como los trabajos de remediación y la reparación de los daños que hubiese ocasionado. El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podría derivar en investigaciones y en la suspensión de las operaciones de la embarcación mientras se completa el proceso correspondiente.
Una comisión para coordinar el subsector
Para dar seguimiento a la aplicación de las nuevas reglas, la propuesta crea una comisión interinstitucional coordinada por el Mitur, en la que tendrían asiento los ministerios de Defensa y de Medio Ambiente, la Dirección General de Aduanas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Dirección General de Migración, la Armada de República Dominicana, la Autoridad Portuaria Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria. El sector privado también tendría voz en esta instancia a través de representantes de las marinas, los clubes náuticos y la industria hotelera. La comisión deberá reunirse por lo menos una vez cada trimestre y tendrá entre sus encargos la formulación de un plan nacional de turismo náutico.
Lo que está en juego
El turismo náutico se ha consolidado como uno de los segmentos de mayor potencial dentro de la oferta dominicana, tanto por su capacidad de atraer a un visitante de alto gasto, vinculado a marinas, yates y pesca deportiva, como por el peso que tienen las excursiones marítimas en la experiencia del turista que llega a los grandes polos de sol y playa. En ese contexto, una normativa que defina reglas claras puede aportar seguridad jurídica a quienes invierten en marinas, flotas y desarrollos costeros, del mismo modo que puede elevar los estándares de seguridad y de protección ambiental en las costas del país.
Al mismo tiempo, medidas como la prohibición del alquiler de motos acuáticas o el nuevo régimen de licencias y tarifas tendrán efectos directos sobre operadores de distintos tamaños, por lo que el periodo de consulta pública se presenta como la ventana para que empresas, asociaciones y comunidades costeras hagan llegar sus observaciones antes de que el texto adquiera carácter definitivo. Con el plazo cerrando el 30 de octubre, el sector náutico tiene apenas unos días para incidir en las reglas que marcarán su desarrollo en los próximos años.
Joan G. Feliz
Director General y Editorial | InCaribe Media
Especialista en turismo, inversión, construcción y desarrollo de destinos en República Dominicana y el Caribe.
