Santo Domingo. Una eventual modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha generado preocupación en el sector construcción, que advierte sobre un posible incremento en el costo de las viviendas si se aprueban nuevos cargos relacionados con el manejo de residuos.
Representantes de la industria consideran que cualquier aumento en los costos operativos de las empresas constructoras terminaría reflejándose en el precio final de los proyectos inmobiliarios, afectando tanto a desarrolladores como a miles de familias que aspiran a adquirir una vivienda.
Constructores advierten sobre el impacto en los costos
El sector sostiene que la construcción ya enfrenta importantes desafíos derivados del aumento en los precios de materiales, la mano de obra, el financiamiento y otros insumos.
En ese contexto, la incorporación de nuevas cargas económicas vinculadas a la gestión de residuos podría elevar aún más los costos de ejecución de obras residenciales, comerciales y turísticas.
Según representantes de la industria, este escenario tendría un efecto directo sobre el valor de venta de apartamentos, viviendas unifamiliares y otros desarrollos inmobiliarios.
La vivienda podría ser menos accesible
Especialistas del sector inmobiliario advierten que un incremento en los costos de construcción impactaría principalmente a los compradores finales.
Cuando aumentan los gastos asociados al desarrollo de un proyecto, las constructoras suelen trasladar parte de ese incremento al precio de venta de las unidades.
Esto podría dificultar el acceso a la vivienda, especialmente para compradores de ingresos medios y jóvenes que buscan adquirir su primera propiedad.
Un sector clave para la economía dominicana
La construcción es una de las actividades económicas con mayor capacidad para generar empleos y dinamizar otros sectores productivos.
Cada proyecto inmobiliario impulsa la demanda de cemento, acero, pintura, cerámica, madera, vidrio, equipos eléctricos, transporte y numerosos servicios especializados.
Además, el crecimiento del turismo y la expansión de polos como Punta Cana, Cap Cana, Miches, La Romana y Pedernales continúan impulsando importantes inversiones privadas en desarrollos residenciales y turísticos.
El reto: sostenibilidad sin afectar la inversión
Diversos actores coinciden en la importancia de fortalecer la gestión ambiental y mejorar el tratamiento de los residuos sólidos en el país.
Sin embargo, plantean que cualquier reforma debe buscar un equilibrio entre los objetivos ambientales y la necesidad de mantener condiciones que favorezcan la inversión, la construcción de viviendas y el desarrollo económico.
El desafío consiste en diseñar mecanismos que promuevan una gestión más eficiente de los residuos sin generar un impacto significativo sobre los costos de producción y el precio final de las viviendas.
El mercado seguirá atento al debate
La discusión sobre la reforma continúa siendo seguida de cerca por desarrolladores, inversionistas y compradores, quienes consideran que cualquier cambio en la estructura de costos del sector podría influir en el comportamiento del mercado inmobiliario durante los próximos años.
Para una economía donde la construcción representa uno de los principales motores de crecimiento, las decisiones regulatorias tendrán un papel determinante en la evolución de la oferta de viviendas y en la competitividad del sector.
