Santo Domingo.– La Jurisdicción Inmobiliaria de la República Dominicana reporta una reducción aproximada de 50 % en la mora judicial a nivel nacional, un avance que coloca la agilización de los procesos de tierras entre los temas relevantes para el desarrollo del mercado inmobiliario y la seguridad jurídica del país.
La información fue ofrecida por la jueza presidenta del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, Catalina Ferrera Cuevas, durante el encuentro institucional “Jurisdicción Inmobiliaria: Evolución, logros y perspectivas de futuro”, realizado el 30 de septiembre. La magistrada explicó que todavía existe un volumen importante de expedientes pendientes, pero que las medidas adoptadas por el Poder Judicial han permitido reducir de manera significativa el rezago.
Un proceso que comenzó con un diagnóstico nacional
De acuerdo con Ferrera Cuevas, entre junio y julio de 2025 se realizó un diagnóstico nacional mediante visitas a los distintos tribunales y departamentos de la Jurisdicción Inmobiliaria. El objetivo fue identificar las principales dificultades que estaban afectando el funcionamiento de estas dependencias.
A partir de ese levantamiento se implementaron diferentes medidas, entre ellas la Resolución 82-25, emitida en octubre de 2025, que impulsó la regularización parcelaria para facilitar la determinación y materialización de derechos de propiedad respaldados en constancias anotadas.
Este aspecto tiene particular importancia para el mercado inmobiliario, debido a que la seguridad sobre la propiedad constituye uno de los elementos que inciden en las decisiones de inversión y en la posibilidad de desarrollar proyectos con mayor previsibilidad.
En marzo de este año, el Poder Judicial había informado que su Plan de Optimización de la Jurisdicción Inmobiliaria tenía entre sus objetivos mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la seguridad jurídica, con la meta de que el 80 % de los tribunales de tierras estuviera al día durante 2026.
Tecnología y capacitación para reducir los atrasos
La estrategia también ha incluido una mayor incorporación de herramientas tecnológicas.
Según lo explicado durante el encuentro, los tribunales inmobiliarios fueron dotados de nuevos equipos informáticos y cuentan con salones inteligentes para la realización de audiencias virtuales. A esto se suma un programa de capacitación dirigido tanto a jueces y servidores judiciales como a abogados, agrimensores y otros usuarios del sistema.
El objetivo es que la modernización no se limite a la infraestructura, sino que también permita mejorar la gestión de los expedientes y facilitar la interacción de los usuarios con la Jurisdicción Inmobiliaria.
El propio Poder Judicial ha señalado que la optimización de los procesos inmobiliarios contempla reducir los tiempos entre aplazamientos, estableciendo como referencia un máximo de 30 días calendario para los deslindes y 60 días para otros casos.
¿Qué significa esto para el mercado inmobiliario?
La reducción de la mora judicial tiene una lectura que va más allá de los tribunales.
En un mercado donde participan desarrolladores, compradores, inversionistas, entidades financieras, abogados, agrimensores y propietarios, el tiempo de respuesta de las instituciones que intervienen en la regularización y reconocimiento de derechos inmobiliarios puede convertirse en un factor determinante para la ejecución de una inversión.
Un proceso de tierras que se prolonga durante años puede retrasar operaciones, dificultar el acceso al financiamiento o postergar el desarrollo de determinados proyectos. Por el contrario, una justicia inmobiliaria con procesos más previsibles contribuye a reducir incertidumbres alrededor de la propiedad.
En InCaribe Media hemos venido siguiendo precisamente esa relación entre seguridad jurídica, inversión inmobiliaria y desarrollo de nuevos proyectos, porque el crecimiento del sector no depende únicamente de la disponibilidad de terrenos o del capital, sino también de que exista un marco institucional capaz de acompañar ese crecimiento.
El reto ahora es llegar a una justicia inmobiliaria sin mora
Aunque la reducción del 50 % representa un avance reportado por la Jurisdicción Inmobiliaria, la propia magistrada aclaró que la mora todavía no ha desaparecido debido al volumen de expedientes acumulados.
Por eso, el desafío para los próximos meses será convertir esta reducción en una tendencia sostenida y lograr que cada vez más tribunales puedan operar dentro de los plazos establecidos.
La meta planteada por la Jurisdicción Inmobiliaria es avanzar hacia una justicia ágil, efectiva, sin mora, interoperable, transparente y predecible, elementos que también tienen una incidencia directa sobre la confianza en el mercado inmobiliario dominicano.
Para un país que continúa ampliando su actividad turística, inmobiliaria y de construcción, la discusión sobre la seguridad jurídica adquiere especial relevancia. La velocidad con la que se resuelve un expediente de tierras puede parecer un asunto estrictamente judicial, pero sus efectos terminan llegando al desarrollador, al inversionista y, finalmente, al proyecto que se pretende construir.
Por Joan G. Feliz
Director Editorial | InCaribe Media
Especialista en turismo, inversión y desarrollo del Caribe
