Santo Domingo. – El Ministerio de Turismo (MITUR) avanza en la creación de un marco regulatorio para los alojamientos de corta estancia, como los ofrecidos a través de Airbnb y otras plataformas digitales, con el objetivo de formalizar un mercado que ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años y que ya representa una parte importante de la oferta de hospedaje del país.
Lejos de prohibir este modelo de negocio, la propuesta del Gobierno busca integrarlo de manera oficial al sistema turístico dominicano, garantizando mayor seguridad para los visitantes, reglas claras para los propietarios y un desarrollo más sostenible del turismo.
Un registro nacional para fortalecer la confianza
Uno de los pilares de la propuesta consiste en la creación de un Registro Nacional de Alojamientos Turísticos de Corta Estancia, donde deberán inscribirse las propiedades destinadas al alquiler vacacional.
Según explicó la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, la intención es que estos alojamientos sean reconocidos como parte de la oferta turística formal de República Dominicana, permitiendo al Estado promoverlos con el mismo nivel de confianza que los hoteles y demás establecimientos regulados.
Actualmente, cualquier persona puede anunciar una propiedad en plataformas digitales sin que exista un mecanismo oficial que permita verificar quién administra el inmueble o si cuenta con las autorizaciones correspondientes. La nueva normativa pretende cerrar esa brecha para ofrecer mayores garantías tanto a turistas nacionales como internacionales.
Más seguridad para visitantes y propietarios
La regulación también busca mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades ante cualquier incidente que pueda ocurrir dentro de una propiedad de alquiler vacacional.
Con un registro oficial será posible identificar a los administradores responsables, verificar el cumplimiento de requisitos básicos y facilitar la coordinación entre las instituciones públicas cuando sea necesario.
Para el MITUR, esta medida fortalecerá la reputación internacional de República Dominicana como un destino seguro, elevando los estándares de calidad del alojamiento turístico y generando mayor confianza entre los viajeros.
No habrá nuevos impuestos ni licencias especiales
Uno de los aspectos que más interés ha despertado entre propietarios e inversionistas es el impacto económico de la regulación.
Las autoridades han aclarado que la propuesta no contempla nuevos impuestos ni la imposición de licencias especiales para operar. El propósito principal es formalizar la actividad y reducir la informalidad, sin crear cargas adicionales que desincentiven la inversión en este segmento turístico.
Esta aclaración responde a las inquietudes surgidas durante el proceso de consulta pública y busca transmitir tranquilidad a miles de propietarios que generan ingresos mediante el alquiler de corta estancia.
Convivencia con los residentes
Otro elemento relevante de la iniciativa es garantizar que las propiedades destinadas al alquiler turístico respeten los reglamentos internos de condominios y las disposiciones municipales.
En los últimos años, el crecimiento de las rentas cortas ha provocado conflictos en algunos complejos residenciales debido al ruido, el uso inadecuado de las áreas comunes, la seguridad y el constante flujo de visitantes.
Con la nueva regulación, el Gobierno pretende fomentar una convivencia más equilibrada entre residentes permanentes y turistas, evitando que el crecimiento del sector afecte la calidad de vida de las comunidades donde operan estos alojamientos.
Un mercado que ya mueve miles de propiedades
El auge de las plataformas de alquiler vacacional ha transformado la industria turística dominicana.
De acuerdo con datos oficiales compartidos por el MITUR, el país cuenta con unas 56,000 propiedades destinadas al alojamiento turístico no hotelero, que representan aproximadamente 136,000 habitaciones, superando incluso la capacidad de los hoteles tradicionales, que rondan las 77,000 habitaciones.
Las cifras también reflejan un cambio en el comportamiento de los viajeros. Mientras los turistas alojados en hoteles crecieron de 5.2 millones a 5.8 millones entre 2018 y 2024, quienes eligieron alojamientos no hoteleros pasaron de 1.2 millones a 2.7 millones durante ese mismo período.
Airbnb respalda la regulación, pero pide equilibrio
La propia plataforma Airbnb ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades dominicanas para construir un marco regulatorio moderno.
La empresa considera positiva la creación de un registro que fortalezca la transparencia y la seguridad, aunque insiste en que las reglas deben ser proporcionales y evitar cargas burocráticas excesivas que puedan afectar a pequeños anfitriones o incentivar la informalidad. Asimismo, propone que cualquier regulación definitiva cuente con el respaldo del Congreso Nacional para ofrecer mayor estabilidad jurídica.
Consulta pública antes de su aprobación
Las resoluciones propuestas permanecen en un proceso de consulta con asociaciones de propietarios, plataformas tecnológicas, desarrolladores, representantes del sector turístico y otros actores involucrados.
El objetivo del MITUR es construir una regulación consensuada que permita ordenar el crecimiento de las rentas cortas sin frenar una actividad que hoy representa una fuente de ingresos para miles de familias dominicanas y un componente cada vez más importante de la oferta turística nacional.
Con esta iniciativa, República Dominicana busca seguir la tendencia de otros destinos internacionales que han optado por regular los alquileres turísticos de corta estancia, promoviendo un modelo que combine innovación, seguridad, competitividad y sostenibilidad para mantener el liderazgo del país en la industria turística del Caribe.
