Inquilino en República Dominicana: los derechos que la ley le garantiza y cómo hacerlos valer

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Por Joan Feliz Valoys

Alquilar una vivienda en República Dominicana es, para millones de personas, la forma más realista de tener un techo. Según cifras del Censo 2022 citadas en la prensa, alrededor de un 38 % de los hogares del país vive en una vivienda alquilada, y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) estima un déficit habitacional que supera el millón cuatrocientas mil unidades. Con esa realidad de fondo, conocer qué derechos tiene un inquilino no es un asunto de abogados, sino una herramienta de vida diaria para cualquier familia que firma un contrato, entrega un depósito y recibe unas llaves.

Durante casi siete décadas, la relación entre propietarios e inquilinos estuvo regida por un conjunto de normas dispersas y envejecidas: el Decreto 4807 de 1959 sobre Control de Alquileres de Casas y Desahucios, la Ley 4314 de 1955 sobre depósitos y su modificación mediante la Ley 17-88, además del Código Civil. Ese marco fue sustituido por la Ley 85-25 sobre Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobada por el Congreso Nacional en agosto de 2025, que derogó aquellas normas y estableció reglas más claras para ambas partes. Esta guía resume, en lenguaje llano, lo que esa ley reconoce a quien alquila, lo que le exige y lo que conviene hacer para no quedar desprotegido.

A quién protege la ley y a quién no

La Ley 85-25 se aplica en todo el territorio nacional a los contratos de alquiler destinados a vivienda, a comercio y a actividades sin fines de lucro. Quedan fuera, entre otros, las fincas rurales, las pensiones y hospedajes, las empresas de zonas francas que operan bajo su propio régimen, los bienes del Estado y los alquileres turísticos o recreativos cuya estadía no supere los noventa días. Dicho de otro modo, quien renta un apartamento por una semana a través de una plataforma digital no está amparado por estas reglas, pero quien vive todo el año en una casa alquilada sí lo está.

Un detalle importante para quienes ya tenían contrato antes de la nueva ley: los acuerdos firmados antes de su entrada en vigor, a mediados de agosto de 2025, siguen rigiéndose por las reglas anteriores mientras estén vigentes, y deben adecuarse y registrarse conforme a la Ley 85-25 cuando se renueven, se prorroguen o se modifiquen. Es en ese momento de renovación cuando el inquilino puede, y debe, exigir que el nuevo documento recoja las garantías actuales.

El derecho a un contrato escrito, claro y registrado

El primer derecho de un inquilino es saber exactamente qué firmó. La ley exige que el contrato se haga por escrito y que contenga, como mínimo, la identificación de las partes, la descripción o dirección del inmueble, el uso al que se destinará, el monto y la forma de pago, las fechas de inicio y de término, y un domicilio para recibir notificaciones. Si el propietario pide un fiador solidario, esa figura también debe quedar expresada en el contrato, porque es esa persona quien asumirá las obligaciones si el inquilino falla.

Además, cualquiera de las partes debe registrar el contrato en el Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas del ayuntamiento donde se encuentra el inmueble. Ese registro no es un trámite decorativo: le da fecha cierta al acuerdo y lo convierte en una prueba sólida en caso de conflicto. Un inquilino precavido no espera a que el propietario lo haga; se asegura de que el contrato quede registrado y conserva su copia.

A lo anterior se suma un derecho que parece pequeño, pero que evita muchos pleitos: el propietario está obligado a entregar recibo por cada pago que reciba, salvo que ambas partes hayan pactado otro medio para acreditar el pago, como una transferencia bancaria. Guardar esos comprobantes es la mejor defensa ante cualquier reclamo de supuesta deuda.

El depósito: un límite, una cuenta y una devolución con reglas

Pocas cosas generaban tantos conflictos como el depósito. La Ley 85-25 fija un techo claro para la vivienda: el propietario puede exigir como garantía un monto no mayor de dos meses de alquiler. En los locales comerciales y en los inmuebles de uso sin fines de lucro, el monto queda a lo que acuerden las partes.

Ese dinero no debe quedarse en el bolsillo del propietario. La ley dispone que se deposite, junto con una copia del contrato, en una sucursal del Banco Agrícola o del Banco de Reservas, según lo acuerden las partes. La entidad paga sobre esos fondos una tasa similar a la de una cuenta de ahorros, que se capitaliza cada año hasta su retiro, y además informa al MIVED sobre el contrato con fines estadísticos. Para el inquilino, esto significa que su garantía está resguardada en una institución financiera y no depende de la buena voluntad de nadie.

Al terminar el contrato, el propietario puede retener total o parcialmente el depósito si hay daños o deudas, pero no a su antojo: debe notificarlo por escrito, en un plazo máximo de cinco días, explicando los motivos y presentando evidencias. Si el inquilino no está de acuerdo con la retención, puede acudir ante el juez de paz para reclamar lo que le corresponde. Por eso es tan útil documentar, con fotos y por escrito, el estado del inmueble al recibirlo y al entregarlo.

La ley también puso fin a una práctica muy extendida en el mercado dominicano, la de cargar al inquilino la comisión del corredor como si fuera un tercer depósito. Ahora la comisión de corretaje la paga quien contrata al agente, que normalmente es el propietario, y los gastos legales del contrato se reparten en partes iguales entre ambas partes.

Aumentos de renta con techo

Otra garantía central es la previsibilidad del precio. La Ley 85-25 establece un tope para el reajuste de la renta en vivienda: el aumento no puede superar el 10 % del alquiler. Más allá de lo que diga la ley, conviene que el contrato deje por escrito cuándo y cómo se aplicará cualquier ajuste, de modo que el inquilino pueda planificar su presupuesto sin sorpresas al momento de la renovación.

Vale recordar que el contrato se renueva automáticamente si ninguna de las partes manifiesta lo contrario antes de su vencimiento. Esa renovación tácita protege la estabilidad de quien alquila, siempre que esté al día con sus obligaciones.

Una vivienda en condiciones dignas y reparaciones a cargo del dueño

El propietario tiene la obligación de entregar el inmueble en buen estado, con sus servicios básicos funcionando y en condiciones de seguridad y salubridad. Durante el contrato, le corresponde realizar las reparaciones necesarias para que la vivienda siga siendo apta para el uso acordado. Una filtración, una instalación eléctrica peligrosa o una tubería rota no son problemas que el inquilino deba resolver de su bolsillo si no los causó él.

Si esas reparaciones obligan a desocupar temporalmente la vivienda, el propietario debe notificarlo de manera formal, y el contrato queda suspendido mientras duren los trabajos, lo que en la práctica significa que el inquilino no paga renta por el tiempo en que no puede usar el inmueble. El inquilino, por su parte, responde por los daños que cause él o las personas que viven con él, y tiene el deber de avisar al propietario de cualquier defecto grave u oculto que descubra.

Vivir en paz: nadie entra ni lo saca sin una orden judicial

El derecho más importante, y quizá el más ignorado en la práctica, es el del uso pacífico. El propietario debe garantizar que el inquilino disfrute del inmueble sin perturbaciones, y la ley prohíbe expresamente los desalojos y las entradas a la vivienda sin autorización judicial. Cambiar la cerradura, sacar los muebles a la calle o entrar al apartamento sin permiso para presionar a un inquilino no son formas legítimas de cobrar ni de recuperar una propiedad. El único camino para desalojar es un proceso ante el tribunal.

La ley también prohíbe las prácticas discriminatorias en el alquiler de viviendas, de modo que nadie puede negarse a alquilar por razones ajenas a la capacidad del inquilino de cumplir el contrato.

Y si el propietario vende la casa o el apartamento, el inquilino no queda a la intemperie: el nuevo dueño está obligado a respetar el contrato vigente en los mismos términos.

Cuándo y cómo puede terminar el contrato

El contrato de alquiler no termina por capricho. La ley enumera las causas: el mutuo acuerdo, la llegada del término con aviso previo, la pérdida del inmueble por caso fortuito o fuerza mayor, la falta de pago o el incumplimiento de otras obligaciones, el uso ilícito del inmueble y el cambio de destino no autorizado, por ejemplo convertir en negocio una vivienda alquilada para habitarla.

Cuando el propietario quiere recuperar la vivienda al vencer el contrato, debe notificar al inquilino con no menos de noventa días calendario de anticipación a la fecha de término, y esa notificación debe hacerse por acto de alguacil. Un mensaje de WhatsApp o un aviso verbal no cumplen ese requisito. Ese plazo le da al inquilino un margen razonable para buscar otro lugar y organizar su mudanza.

Si el conflicto llega a los tribunales, en el caso de las viviendas el competente es el Juzgado de Paz del lugar donde está el inmueble, mientras que para locales comerciales o institucionales lo es el Tribunal de Primera Instancia. Las demandas deben ir precedidas de una intimación previa, y la ley impone plazos para que los procesos no se eternicen, como un máximo de treinta días hábiles para que el juez dicte sentencia. El inquilino conserva su derecho a defenderse y a recurrir la decisión: en materia de vivienda dispone de quince días para la oposición o la apelación.

La ley contempla además situaciones humanas que antes quedaban en un limbo. Si el inquilino fallece durante el contrato, este puede continuar a favor del cónyuge o la pareja, o de los ascendientes y descendientes que vivían en el inmueble. Y en caso de abandono, el propietario no puede simplemente apropiarse del lugar: debe hacer constar la situación mediante un acto auténtico y los bienes deben ser inventariados por un alguacil.

Los deberes que sostienen esos derechos

Ningún derecho se sostiene sin sus contrapartes. El inquilino debe pagar la renta pactada en tiempo, usar el inmueble para lo que se acordó, cuidarlo, no modificar su distribución sin autorización, cumplir las normas del condominio y devolverlo al finalizar el contrato. Si vive en un residencial o torre, la ley le reconoce además el derecho a participar con voz en las asambleas de condominio, lo que le permite opinar sobre decisiones que afectan su día a día.

Cumplir estas obligaciones no es solo una cuestión de buena fe: es lo que coloca al inquilino en una posición sólida si un día tiene que reclamar su depósito, exigir una reparación o defenderse de un intento de desalojo.

Una lista práctica antes de firmar

Antes de entregar dinero o recibir llaves, conviene que el inquilino lea el contrato completo y verifique que contenga todos los datos mínimos, que el depósito no exceda dos meses de renta en el caso de vivienda y que el documento indique en qué banco se depositará. Es recomendable pedir que el contrato se registre en el ayuntamiento, exigir recibo o comprobante por cada pago, levantar un inventario con fotografías del estado del inmueble al recibirlo y no aceptar que se le cobre la comisión del corredor que contrató el propietario. Y si alguna vez recibe una notificación para desocupar, debe comprobar que venga por acto de alguacil y con el plazo que la ley exige, y buscar asesoría legal de inmediato.

Un mercado más formal beneficia a todos

La formalización del alquiler no es solo una garantía para el inquilino; también le da al propietario y al inversionista un marco predecible para operar. Como ha venido reseñando InCaribe Media en su cobertura del mercado inmobiliario dominicano, la combinación de reglas claras, contratos registrados y procesos judiciales con plazos definidos es una de las piezas que pueden atraer más inversión hacia proyectos de vivienda en renta, justo en un país donde la demanda de techo supera con creces la oferta.

Conocer la ley es el primer paso para que ese equilibrio funcione. Un inquilino informado negocia mejor, se protege mejor y contribuye, sin proponérselo, a que el mercado de alquileres en República Dominicana sea más justo y más transparente.


Este artículo tiene fines informativos y no sustituye la asesoría de un abogado. Ante un caso concreto, conviene revisar el texto oficial de la Ley 85-25 y consultar a un profesional del derecho.

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